Muchas gracias tanto a Centre Montaigne como al Essex Human Rights Centre, la Universidad de Barcelona y Koldo Casla por la oportunidad de seguir aprendiendo de excelentes profesionales a los que seguimos y admiramos. ¡Seguimos!
Muchas gracias tanto a Centre Montaigne como al Essex Human Rights Centre, la Universidad de Barcelona y Koldo Casla por la oportunidad de seguir aprendiendo de excelentes profesionales a los que seguimos y admiramos. ¡Seguimos!
Aquí nuestra intervención se centró en las estrategias que pueden ayudar a que las obligaciones de los Estados en relación a los derechos económicos, sociales y culturales sean efectivas y se lleven debidamente a efecto.
Sobre la base de ejemplos de España, Europa, Sudáfrica, Colombia y otros países, exploramos las vías para aplicar principios como la diligencia debida y profundizamos en el papel de las clínicas jurídicas en el litigio estratégico.
El jueves estuvimos en Barcelona en un encuentro sobre rendición de cuentas y litigación estratégica organizado por la Facultad de Derecho de Barcelona y el Essex Human Rights Centre de la Essex Law School, dirigido por nuestro querido Koldo Casla.
Nos centramos en las fortalezas y debilidades de las reclamaciones colectivas, a partir del caso de Cañada Real, en el que el CEDS estimó que España vulnera derechos como el acceso a vivienda, salud o energía al no garantizar el suministro eléctrico. t.co/M43NZJGbUw
El objetivo era examinar cómo han respondido los Estados a esta crisis en materias como acceso a vivienda, empleo, energía y alimentos. El CEDS ha publicado recientemente un informe sobre esta cuestión. t.co/j1ktjgq3B6
El encuentro, promovido por el Montaigne Centre for Rule of Law and Administration of Justice de la Universidad de Utrecht y coorganizado por el propio CEDS, ponía el foco en el impacto de la crisis de inflación sobre los derechos sociales de la ciudadanía europea.
El martes estuvimos en Utrecht contando el caso de Cañada Real, del que participamos gracias a
@plataformaluzcr.bsky.social y otras entidades, y compartiendo nuestra experiencia en el uso de reclamaciones colectivas ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS)
Esta semana hemos participado en dos eventos que nos ayudarán mucho a mejorar nuestras capacidades en el uso de herramientas de litigación en derecho interno e internacional en materia de derechos sociales y económicos.
No había urgencia. Eran niños y niñas. No se les evaluó individualmente. Se ignoró el procedimiento. Y no se respetaron sus derechos a sabiendas.
Es una victoria del Derecho y un espaldarazo a la labor de las organizaciones que nos implicamos. Ojalá no vuelva a ocurrir.
El gabinete de la ministra Carmen Calvo hablaba de “doblar la mano” a la Fiscalía, de “inventar un procedimiento”. El ministro Fernando Grande Marlaska defendió la actuación. Algunos testigos dijeron que ambos participaron en el operativo, pero no han sido condenados.
Está probado que no cumplieron ninguno de los trámites previstos para este tipo de retornos, vulnerando la Ley de Extranjería y la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. “Sin ajustarse conscientemente a procedimiento legal alguno”, dice la sentencia.
Ahora, la Audiencia Provincial de Cádiz condena a una pena de inhabilitación durante nueve años a la exdelegada del Gobierno en Ceuta y a la exvicepresidenta primera del Gobierno de la Ciudad Autónoma por un delito de prevaricación administrativa. Se cometieron delitos.
Seis meses después, un juzgado condenó a España por las devoluciones, estimando los recursos de Fundación Raíces y Coordinadora de Barrios, constatando que Interior montó un operativo exprés al margen de ley. Nunca tuvo en cuenta el interés superior del menor.
www.eldiario.es/desalambre/j...
Recordamos que aquel agosto, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU tuvo que intervenir para pedir a España que suspendiera la expulsión de algunos menores, que España llevaba varios días realizando. Participamos en aquello:
Satisfechos de que cuatro años después la Justicia haya confirmado que el Gobierno actuó de manera ilegal, a sabiendas de que lo estaba haciendo, para deportar a 55 niños y niñas de Ceuta a Marruecos.
t.co/cfDoi7OALq
⚖️ Hoy y mañana estamos en Praga en un taller del ICJ para intercambiar ideas sobre litigación ante Órganos de Tratados ONU y el Comité Europeo de Derechos Sociales.
Hemos compartido nuestra experiencia en el uso de los mecanismos de comunicación al Comité de los Derechos del Niño de la ONU.
⏳ Mañana es el día. En tiempos de extremismo y ruido, dedicaremos un rato a escuchar a quienes saben sobre derechos humanos y amenazas a la libertad de expresión. Con Carmen Montesinos, Laia Serra, Carlos Castillo-Juárez...
⏰12:00
📄 ¡Aún puedes apuntarte! (es gratis 😉) goo.su/IKfnUe
⁉️ ¿Sabes que son las SLAPP? Son demandas sin base ni recorrido que intimidan a periodistas, activistas y defensores de los DDHH. Son cada vez más frecuentes.
Hablaremos de ellas este viernes, a las 12:00, con Georgiana Gheorge y Laia Serra, en un webinar al que aún puedes apuntarte 👉 goo.su/xwJY
📢 Avui Irídia i altres entitats hem enviat informes alternatius al Comitè de Drets Humans de l’ONU.
📝 L’Estat espanyol serà examinat al juliol. Exigim veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició per a les víctimes.
‼️Ya hay ponentes para el webinar sobre DDHH y libertad de expresión en tiempos de auge extremista. Tenemos muchas ganas de escuchar a expertos y defensores de la libertad de expresión como Carmen Montesinos, Laia Serra o Marcos Matiasko.
🗓️ 30 de mayo.
📄 Inscripciones 👉 goo.su/IKfnUe
Os dejamos nuevamente el enlace al texto:
🇪🇸 En español: openglobalrights.org/stable-consi...
🇬🇧 En inglés: www.openglobalrights.org/stable-consi...
La obligación de cumplir los derechos sociales exige que las autoridades proporcionen asistencia material adecuada a quienes sufren pobreza energética y garanticen que tienen acceso a la energía segura necesaria para cocinar, calentar sus hogares y mantener las luces encendidas.
En Cañada Real hay 4.500 personas, incluidos 1.800 menores, que no pueden ducharse con agua caliente o conservar alimentos frescos o medicinas. Hay habitaciones a 40º en verano. Los niños no pueden realizar tareas escolares por la noche. Hay incendios e intoxicaciones mortales.
Independientemente de que quienes posean los recursos y presten los servicios sean entidades públicas o empresas privadas, nadie debería sufrir un apagón o la interrupción del acceso al agua, la electricidad o cualquier otra fuente de energía por no poder pagarlos.
Por todo eso, insta al Estado a garantizar el acceso a energía durante la ejecución de cualquier plan de realojo y subraya que debe dar prioridad a las necesidades de los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.
El CEDS subraya que el acceso intermitente a la energía o su falta total durante un período prolongado convierte a las personas en pobres en energía y es incompatible con otros derechos. También destaca la importancia del acceso como determinante social de la salud.
El CEDS respalda la idea de que el acceso a una energía estable, constante y segura es un componente clave para cumplir los derechos sociales reconocidos en la Carta Social Europea, y que la privatización de los servicios públicos no es excusa.
Estamos muy contentos por la publicación de este artículo, escrito conjuntamente por nuestro director de estrategia jurídica y @koldocasla.bsky.social, donde desgranamos la histórica decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) sobre #CañadaReal. www.openglobalrights.org/stable-consi...
Iremos informando por aquí del programa completo y de quiénes serán los ponentes, vinculados a organizaciones internacionales y de la sociedad civil española. De momento, os dejamos otra vez el enlace para inscribiros. goo.su/niaI0 ¡Os esperamos!